Este caso de manipulación de los procesos de contratación de servicios a favor de una empresa de transportes, para que recoja y traslade combustible asignado a la Séptima Brigada de Infantería (Lambayeque), implica una defraudación no mayor de S/62.474. Empero, la trascendencia del mismo no es tanto por el monto involucrado, sino porque destapa la existencia de una organización dentro del Ejército presuntamente encabezada por el general de brigada EP Henry Acosta Bernuy, dedicada a concertar la adjudicación de contratos en beneficio de empresarios a cambio de pagos indebidos, de acuerdo con fuentes de La República relacionadas con las pesquisas policiales y fiscales.
El caso estuvo asignado al Grupo Especial de Investigaciones Sensibles (Grueis), de la División de Investigación Criminal de Lambayeque en coordinación con la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), al mando del coronel Harvey Colchado Huamaní, con el apoyo de la Divincri de Lambayeque.
Los agentes determinaron que durante la gestión del general Henry Acosta Bernuy como comandante general de la Séptima Brigada de Infantería, con cuartel en Lambayeque, se le asignó combustible para dotar a los vehículos que prestarían servicios de seguridad durante las Elecciones Regionales Municipales del 2 de octubre y 4 de diciembre del 2022.
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El general Bernuy estaba obligado por ley a contratar el servicio de transporte de dicho combustible a las reparticiones militares de Lambayeque mediante convocatorias de licitación. Sin embargo, en complicidad con sus subalternos, orientó la adjudicación de los tres contratos a la empresa Jharut Energy Gas EIR, de propiedad de Jherson Aguilar Quispe.
De acuerdo con las indagaciones e interrogatorios de los agentes del Grupo Especial de Investigaciones Sensibles, además de la orientación de los contratos en beneficio de Jharut Energy Gas, la empresa incumplió con las fechas de transporte y se simuló el uso de vehículos de otras compañías.
Como consecuencia de esta modalidad de defraudación, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios sigue otra línea de investigación del probable contrabando del combustible asignado al Ejército.
El fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Óscar Guevara Gilarmas, resolvió requerir la detención del general Henry Acosta Bernuy y de sus 8 subordinados, porque determinó que existió una concertación de voluntades para favorece a la compañía Jharut Energy Gas.
Prisión para todos
Ayer se cumplió el mandato de detención dispuesto por el juez Reynaldo Leonardo Carrillo de los siguientes efectivos militares por su participación en el caso:
-General de brigada Henry Acosta Bernuy, excomandante general de la Séptima Brigada de Infantería (Lambayeque).
-Teniente coronel Andrés Eneque Solano, excomandante del Batallón de Servicio N° 7
-Mayor Marco Ramos Viera, exjefe de la Oficina de Contrataciones.
-Mayor Sarita Cornejo Sangama, comandante de la Compañía de Intendencia.
-Mayor Luis Romero Guillén, expresidente de Comisión de Recepción de Bienes.
-Capitán Manuel Antón Castro, exjefe de la Sección de Presupuesto.
-Técnico Marco Castillo Arteaga, exjefe de Almacén.
-Técnico Fernando Gómez Bozo, responsable del estudio de mercado.
-Técnico Miguel Zurita Pinglo, expresidente de Comisión de Recepción de Bienes
-Jherson Aguilar Quispe, propietario de Jharut Energy Gas.
La modalidad que aplicó el general Henry Acosta Bernuy para contratar a dedo a Jharut Energy Gas es la misma que empleó en otro caso muy similar, también en el contexto de las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre del 2022.
En efecto, pocas semanas después, el 24 de noviembre del mismo año, el fiscal Óscar Guevara Gilarmas intervino el despacho del general Henry Acosta en el cuartel de la Séptima Brigada de Infantería de Lambayeque, al detectarse que había adjudicado la contratación del servicio de transporte de efectivos militares a la empresa Corporación CAGE EIRL, de Jaimito Mego Díaz.
